La memoria histórica chilena sigue viva. Así lo recuerdan cada 11 de septiembre los miles de chilenos y chilenas que salen a las calles en los múltiples homenajes que el país rinde a la memoria del expresidente Salvador Allende.

El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet, en complicidad con los Estados Unidos, perpetró un golpe de Estado que dio inicio a 17 años de dictadura y puso fin al gobierno socialista. Varias marchas y actos políticos celebrados en todo el país recordaron la efeméride el pasado domingo.

También las organizaciones a favor de los derechos humanos aprovecharon la ocasión para instalar sus demandas en la agenda pública.

Violación de derechos humanos

Por una parte, reclaman el cierre de la prisión de Punta Peuco, un complejo penitenciario que acoge a militares y agentes del Estado implicados en casos de violaciones de derechos humanos durante el régimen pinochetista. Sin embargo, las condiciones privilegiadas en las que viven los internos (áreas verdes, piscina, campos de deporte o cabañas equipadas) están a años luz de las que se dan en el resto de centros penitenciarios del país.

Otra de las demandas tiene que ver con romper el pacto de silencio que impera sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. La actual legislación establece que son “secretos” los documentos, testigos y antecedentes “aportados por las víctimas” a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada en 2003, y que este secreto “se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en el que los antecedentes quedarán bajo custodia del Ministerio del Interior”.

Dos polémicas cuestiones que la presidenta Michelle Bachelet, quien fue detenida y torturada, se comprometió a revisar pero que sin embargo aún esperan sobre su mesa.

De acuerdo con las cifras oficiales, los crímenes de la dictadura de Pinochet dejaron 40.000 víctimas, entre ellas más de 3.000 muertos, de los cuales siguen desaparecidos los restos de casi 2.000 personas.