Ayer el Gobierno alemán hizo público un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Trabajo, que dejará fuera del sistema social a los ciudadanos europeos que no trabajen en el país o que no lo hayan hecho previamente. Con el cambio legislativo, sólo podrán recibir ayudas sociales o de desempleo aquellos que puedan demostrar su residencia permanente en Alemania durante cinco años.

Esta modificación es en realidad una reacción a una sentencia emitida el pasado año por el Tribunal Federal Social, que reconocía el derecho de los ciudadanos europeos a solicitar ayudas públicas después de residir en el país más de seis meses. De esta manera se pretende evitar la migración que se beneficie del sistema social germano, ya que la actual normativa convertía al país en un destino atractivo para los emigrantes procedentes de Europa del Este.

Según datos de la Agencia Federal de Empleo de Alemania, en enero, cerca de 440.000 personas procedentes de otros países de la UE cobraron ayudas sociales. Por nacionalidades, los que más prestaciones recibieron fueron  polacos (92.000 personas), italianos (71.000), búlgaros (70.000), rumanos (57.000), griegos (46.000) y españoles (16.700).

No obstante, la mayoría de los solicitantes de ayudas eran trabajadores que pidieron los subsidios para poder llegar a fin de mes, debido a la baja remuneración de sus empleos.