Se habla mucho de planes de ahorros, planes de pensiones y otras combinaciones posibles para que en el momento de la jubilación tengamos un cojín que nos permita vivir. El sistema vigente en España hace aguas pero si -además- hemos cotizado parte de nuestra vida laboral en un país extranjero, ¿qué ocurre?

Cuando una persona trabaja y cotiza en otro país, tiene que empezar a pensar en cosas como su jubilación. Aunque parezca que es antes de hora. Y aunque dé pereza. Y aunque no tengamos ni idea de dónde va a acabar nuestro camino, porque el plan no está claro. Es importante  primero debe decidir si quiere retirarse en el país de acogida o volver a España. Para tomar esta decisión, Sandra Parada, abogada de la firma Tax Boutique y directora de la división de movilidad, recomienda: “Hay que valorar si, con la vida laboral actual y la prevista, la persona cumplirá los requisitos que establezca la normativa del país que ha escogido para acceder a la jubilación”. En el caso de que se decida volver a España, el expatriado debe comunicar a la Seguridad Social los países en los que ha ejercido actividad laboral. El organismo español se pondrá en contacto con cada uno de los países y les solicitará un certificado de períodos cotizados. “Cada país involucrado estudiará también, por su parte, el derecho a pensión del expatriado”, explica Parada.

El proceso es un poco complejo ya que España realizará dos cálculos para determinar la pensión del expatriado. Uno para ver si se reúnen los requisitos para acceder a una pensión (únicamente basados en los períodos acreditados en España) y otro, llamado “totalización”, para comprobar cuánto cobraría el expatriado teniendo en cuenta los períodos cotizados en el exterior. “Una vez realizado el cálculo, el emigrante recibirá la pensión más ventajosa”, añade Parada.

Es conveniente, antes de abandonar un país, hacerse con la propia historia laboral y de cotización, certificados de retenciones y número de contribuyente y guardarlos en lugar seguro, porque probablemente sea documentación que necesitaremos en el futuro o que nos podrá allanar los trámites de la burocracia fiscal. Cuanta más información, mejor

Convenios

Para calcular la pensión a la que tiene derecho el expatriado, hay que tener en cuenta los convenios que tiene España con los diferentes países. No siempre se llegan a realizar losdos cálculos ya que, de acuerdo con determinados convenios, sólo se realizaría la totalización “en caso de que no se cumplan los requisitos para optar a una pensión nacional”, explica Parada. Este es el caso de países como Canadá, Marruecos, Chile, México, Estados Unidos, Venezuela y Filipinas, que así lo establecen en sus convenios suscritos con España.

También hay que tener en cuenta si el expatriado ha trabajado en países que tienen un convenio bilateral o en países bajo reglamentos comunitarios. En este caso, es importante puntualizar que a la hora de preparar el cálculo de totalización no se pueden sumar los períodos en países de convenio bilateral y en países bajo Reglamentos Comunitarios. Por ejemplo, en caso de haber trabajado en España, Argentina y Francia, por un  lado se calcularía la suma de los períodos cotizados entre España-Francia (Reglamentos Comunitarios) y por otro lado entre Argentina-España (Convenio Bilateral). Una vez calculado, el expatriado recibirá igualmente la pensión más ventajosa.

Además, hay que tener en cuenta que existen estados con los que España -directamente- no tiene convenio y en estos casos únicamente se recibiría la pensión española calculada de acuerdo con los períodos cotizados en España

Declaración de la pensión

Una vez ya tienes hecho el cálculo de tu pensión, hay que declarar a Hacienda la totalidad de los ingresos, aunque parte de ellos provengan de una pensión que cobras del extranjero. A veces la falta de conocimiento puede jugar malas pasadas a los expatriados y uno de los casos que precisamente ha evidenciado esta delicada situación de desinformación es el de los emigrantes retornados y pensionistas españoles, que de un día para otro se han dado cuenta de que su situación fiscal era irregular.

Estos emigrantes que ya han vuelto a España están cobrando una pensión proveniente de un país extranjero porque han desarrollado en él gran parte o la totalidad de su vida laboral. Pero, hasta hace poco, no declaraban esta pensión proveniente del extranjero ante la Agencia Tributaria Española. Los jubilados alegan falta de información y explicaban que ellos acudían a las oficinas de la administración y les decían que “esos ingresos provenían del extranjero y no tenían por qué declararse”, explica Eva Fontcubierta, presidenta de la FEAER (Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados). “De un día para otro, la administración cambió su discurso y les dijo que esas pensiones sí tenían que declararse”, añade. Fue entonces, a principios de 2013, cuando se empezaron a aplicar multas a los jubilados que no habían declarado los ingresos de su pensión del extranjero y se adoptó la medida que obligaba a los retornados a declarar sus rentas procedentes de otros países con efecto retroactivo (últimos 5 años).

Por norma general, los emigrantes retornados a España suelen tener derecho a cobrar una pensión por los años cotizados en España y otra por los años cotizados en el extranjero. En el caso que nos ocupa, el conflicto tuvo su raíz en Galicia, una comunidad autónoma con un número significativo de emigrantes. La administración empezó a detectar la anomalía sobre estas pensiones provenientes del extranjero no declaradas. El abogado Jordi Vilardell, socio de la firma UHY-Fay y experto en fiscalidad internacional, explica que “siempre se ha tenido que declarar a Hacienda por convenios de doble imposición” y añade que este tipo de pensiones “tributan en el lugar de residencia”. Por lo tanto, a pesar de que se trate de un colectivo especialmente frágil, “como residentes están obligados a declarar su renta mundial”, explica el abogado. Probablemente Hacienda no había obligado a los jubilados a declarar antes por “el propio desconocimiento de la Administración”, argumenta Vilardell.

Para facilitar los pagos y mejorar la situación de los jubilados, el Gobierno abrió a principios de 2015 un período de regularización de seis meses a partir del 1 de enero para que los solicitantes no tuviesen que pagar intereses o sanciones. A pesar de esta medida, “sólo el 20% consiguió regularizar su situación en el periodo de seis meses”, cuenta Fontcubierta. Durante el proceso, más de 145.200 ciudadanos regularizaron sus pensiones por un importe total de 309 millones de euros por las cuotas de IRPF de los periodos 2010-2013, años no prescritos.