Desde 0034 hemos preguntado a los principales partidos que se presentan a las elecciones generales del 20 de diciembre sus propuestas para los españoles emigrados. No han querido participar todos los partidos, ni los que participan se han prestado a abordar todas las temáticas, pero consideramos que hemos conseguido resumir visiones y propuestas de los candidatos al Gobierno.

El número de españoles registrados oficialmente en el extranjero no deja de crecer. Aunque muchos viven fuera por voluntad propia, la crisis económica y la falta de oportunidades laborales en España ha disparado la comunidad de españoles en el exterior, por lo que las políticas que les afectan de forma más directa vuelven a estar en la agenda política (o al menos en sus programas electorales). Y es que la magnitud y fuerza del colectivo no es baladí, pues el censo electoral en el exterior ha pasado de 257.169 electores en 1986 (primera vez que pudieron votar) a los 1.875.272 de hoy, un electorado suficientemente numeroso como para formar una circunscripción propia.

La sanidad, el voto por correo, la protección de los derechos de los emigrantes y las políticas económicas y de empleo están entre las principales preocupaciones de los emigrados a la hora de votar a sus políticos.

 

Sistema de votación

 

El Gobierno del Partido Popular ha aprobado en los últimos años de gobierno algunas leyes que no han estado exentas de polémica, como la reforma electoral de 2011 que aprobó junto al PSOE, CiU y PNV, y que implantó el llamado ‘voto rogado’. Este voto obliga a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a pedir el voto con antelación a los consulados, para luego poder ejercerlo (ya sea por correo o en persona en consulados y embajadas). Es decir: que aunque el emigrado esté registrado, tiene que hacer una serie de trámites para confirmar que quiere que le envíen las papeletas. La falta de información y la exigencia del voto rogado ha generado una caída importante en la participación electoral desde el extranjero en los últimos años. Hay que tener en cuenta que muchos españoles en el exterior no viven ni mucho menos cerca del consulado para poder pedir el voto. Además, los trámites para hacerlo no siempre son sencillos, ni los plazos suficientemente amplios como para evitar desincentivar la participación. Los mismos partidos que apoyaron esta reforma han pedido a posteriori un cambio, así como algunos sectores dentro del mismo PP.

De hecho, el PP ha prometido que mejorará en la próxima legislatura el procedimiento vigente.

Por su parte, el PSOE, en su programa electoral para las próximas generales, reclama eliminar el voto rogado y otras barreras administrativas, ya que asegura que este sistema ha supuesto una disminución de la participación electoral, que desde 2011 se ha desplomado desde el 35% al 5% en la actualidad. Además, el PSOE asegura que promoverá el voto en urna “en los lugares donde el número de residentes españoles sea significativo”, reza su programa electoral.

De igual forma, Ciudadanos quiere eliminar el voto rogado e [introducir un sistema de voto electrónico que asegure una mayor participación, a la vez que asegurar una “debida información” sobre plazos y fechas que permita simplificar el proceso.

Desde Democràcia i Llibertat (el nombre de la coalición que encabeza Convergència Democràtica de Catalunya, con el que se presentará a las generales) consideran que el “pésimo y vergonzoso” funcionamiento de la legislación sobre el voto de los residentes en el extranjero es “inaceptable”, según Carles Campuzano, diputado de CiU en el Congreso de los Diputados. Para Campuzano, la ley “deberá reformarse y permitir que todos aquellos ciudadanos que residan en el extranjero puedan ejercer con normalidad y dar garantías a sus derechos políticos”.

Podemos también aboga por la garantía de los derechos políticos y sociales de los expatriados y promueve en su programa una reforma de esa ley para garantizar el derecho al voto. “Los expatriados están en una clara situación de desamparo”, señala Esperanza Jubera, representante del extranjero de Podemos.

 

Sanidad y Tarjeta Sanitaria

 

Otra ley muy polémica promovida por el PP fue la modificación del Real Decreto-Ley 16/2012, que tuvo lugar en diciembre de 2013. Esta modificación afecta a las personas desempleadas que no tengan derecho a prestación ni subsidio de desempleo. Si están más de tres meses fuera del Estado Español, estas personas pierden el derecho a la Sanidad Pública en España. Asimismo, el Sistema Sanitario tampoco vuelve a permitir la cobertura médica de estas personas a su vuelta a España si no han conseguido un nuevo contrato de trabajo. Esto no afecta a los expatriados que han mantenido su cotización en España durante el tiempo de expatriación.

El Gobierno del PP esgrime que, al pasar más de 90 días fuera de España, esa persona es ya residente del otro país y el ciudadano debe -por lo tanto- solicitar la cobertura sanitaria en el país que le acoja.

“La cobertura sanitaria tiene que estar garantizada siempre, independientemente de cómo se va un emigrante al extranjero”, reclama Jubera, de Podemos.

Retirar la tarjeta sanitaria supone que “muchos nuevos emigrantes no se inscriban en los consulados como residentes exteriores y haya una merma significativa en la prestación de servicios”, argumenta Roberto Jiménez, secretario de Emigración del PSOE, partido que propone recuperar el Sistema Sanitario Universal.

Ciudadanos es consciente de igual forma que “muchos españoles optan por no registrarse en los consulados por la falta de incentivos o para evitar la pérdida de derechos”, con lo que –aunque no hace mención especial a la cobertura sanitaria en su programa electoral- se desprende que pretenden revisar esta situación.

 

Economía y empleo

 

En lo que sí coinciden los partidos es en que la emigración de jóvenes y adultos no responde en la mayoría de casos a un deseo de mejora sino a la imposibilidad de encontrar oportunidades en España. Las medidas económicas que proponen los diferentes partidos en su programa electoral están orientadas a mejorar la situación del mercado laboral en España, recuperar la competitividad y el empleo y así lograr que los emigrados que puedan y quieran volver.

Para Campuzano, de Democràcia i Llibertat, una primera medida imprescindible seria tener una foto “más precisa” de la realidad, que incluya también información sobre los perfiles formativos y profesionales de las personas que han emigrado.

El PSOE aboga por implementar bonificaciones de la Seguridad Social y dar ayudas a las empresas que contraten a expatriados retornados a España. “Se tiene que solventar la falta de proyección profesional en nuestro país”, señala Jiménez, del PSOE.

El discurso de Ciudadanos sobre los emigrados se centra sobre todo en este área de economía y talento. Con el objetivo de que se deje de hablar del éxito de investigadores, emprendedores, artistas y creadores “reconocidos internacionalmente y desconocidos en España”, el partido de Albert Rivera quiere crear una estrategia para aprovechar “el talento español en el exterior”. El partido tiene la visión de que “son profesionales con experiencia global, con conocimiento de otros mercados y con habilidades adquiridas en su etapa internacional” y son “una gran oportunidad para nuestra economía”. Por ello, quiere promover un “ecosistema favorable a la integración del retornado” con incentivos a empresas, centros de investigación, asociaciones y administraciones públicas que deseen contratar a personas con trayectoria profesional en el extranjero.

 

Más información

 

Muchas críticas desde la oposición reclaman que la salida de españoles al exterior se ha producido prácticamente sin ningún tipo de acompañamiento público.

“La gente emigra con bastante desconocimiento; no saben lo que les espera y la burocracia y la precariedad están a la orden del día”, dice Jubera, de Podemos, cuyo partido propone crear una red de acompañamiento y asistencia en el proceso migratorio.

Para Campuzano, de Democràcia i Llibertat, “debería contemplarse en este sentido la puesta en marcha de un mecanismo de orientación y apoyo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y con las autoridades de los países de recepción, que permitiese que esa salida fuese lo menos arriesgada e incierta posible”.

Según Ciudadanos, los trámites consulares son “complejos y adolecen fallas”, y deben agilizarse. Además, el partido naranja cree que se tiene que fomentar la participación del emigrado en la realidad española, y propone hacerlo con clústers del conocimiento, agrupando a especialistas en el exterior y conectándolos con instituciones públicas y privadas españolas, incubadoras de empresas y parques científicos, así como reformando el ICEX.

Por su parte el PSOE quiere elaborar un Plan Especial de Acción para que las Embajadas y Consulados de España estén en condiciones de prestar “un mejor servicio de asistencia y atención necesaria a las personas”.

 

Pensiones

 

Finalmente, la política fiscal en materia de las pensiones de los emigrantes que ha promovido el PP es otro de los puntos que más polémica ha traído. La Agencia Tributaria adoptó una medida con la que obligaba a los retornados a declarar sus rentas procedentes del extranjero con efecto retroactivo. Las multas a los emigrantes jubilados que no declararon su pensión procedente del extranjero (desde el año 2008) han recibido críticas de la mayoría de partidos de la oposición, alegando que muchos emigrantes no declararon su pensión proveniente del extranjero por falta de información y desconocimiento. El Gobierno decidió abrir un período de regularización de seis meses a partir del 1 de enero de 2015 para que así los solicitantes no tuviesen que pagar intereses, recargos o sanciones que en principio podían corresponder por no haberlas pagado cuando las recibieron.

El PSOE propone establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero, que permita “la aplicación directa por parte de la Administración de las figuras tributarias que correspondan a cada situación”. Según Jiménez, del PSOE, hay que facilitar la situación de los pensionistas que vuelven a España dándoles facilidades para hacer los pagos que deben a la Agencia Tributaria, así como eliminar cualquier tipo de expediente sancionador. Por su parte, Podemos quiere unas “pensiones dignas” y Democràcia i Llibertat pide resolver la injusta política fiscal promovida por el PP.