Más de seis meses después del referéndum en que se votó la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el Gobierno lucha por establecer su posicionamiento frente a uno de los asuntos de debate principales: el libre movimiento de personas garantizado por la UE.

Jeremy Corbyn, líder del partido socialista de Reino Unido, asegura que deben existir “reglas justas” y una gestión razonable de la inmigración en el país tras el Brexit. En un discurso en Peterborough, el líder socialista expresaba que su partido “no está casado con el libre movimiento de personas de la UE”, por lo que recibió muchas críticas por parte de la prensa.

Posteriormente, en una entrevista con la BBC, Corbyn aclaraba que su partido quiere solucionar el problema detrás de la inmigración acabando con el abuso de la contratación de trabajadores poco calificados bajo las reglas de la UE y promoviendo la contratación local.

Impuesto para la contratación de europeos

Por otro lado, el miércoles, el Ministro de Inmigración de Reino Unido, Robert Goodwill, expresaba que el impuesto sobre la contratación de profesionales de fuera de la UE de 1.000 libras al año que se aplicará a partir de abril de este año, podría aplicarse a ciudadanos de la UE una vez el país formalice su divorcio.

El número 10 de Downing Street se ha distanciado de las declaraciones de Goodwill. Una portavoz del Ministerio de Interior ha asegurado que el Gobierno está explorando “un gran número de opciones para controlar los niveles de inmigración una vez el país salga de la Unión Europea”, pero no ha especificado cuáles podrían ser las medidas definitivas.